ACTIVVAS presenta su propuesta, en siete puntos, para el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Con ese fin, propone acciones a nivel interamericano que contribuyan al logro de uno de los objetivos formulados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/64/255, de 10 de mayo de 2010: “estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo…”
1) Lograr la participación de diversos organismos públicos para que la seguridad vial sea universalmente considerada una cuestión de salud pública.
En nuestras sociedades ha habido un aumento exponencial del consumo de alcohol entre los jóvenes. Sin embargo, faltan planes de salud integral que alerten contra el consumo excesivo de alcohol.
2) Instar a los organismos públicos a que coordinen las políticas de seguridad vial atendiendo a la equidad social.
En nuestras sociedades las personas más vulnerables en la vía pública proceden, con frecuencia, de los sectores más desfavorecidos y de menos recursos. Ese grupo está desmedidamente representado entre los peatones embestidos por automóviles, autobuses o camiones. Sin embargo, como víctimas tienen escasa influencia sobre las decisiones políticas y poco o ningún acceso a los medios de comunicación, para hacer oír su voz. En particular, carecen a menudo de acceso a la administración de justicia.
3) Incorporar la igualdad de género a los programas públicos de seguridad vial
En nuestras sociedades el uso de la calzada y de la calle en general expresan no solo una marcada diferencia social, sino también disparidad de género. Las mujeres ocupan de una manera diferente el espacio vial, ya que con mucha mayor frecuencia circulan a pie con niños o con personas mayores que dependen de ellas para su seguridad.
4) Lograr la participación efectiva de los sistemas judiciales nacionales con el lema: SIN JUSTICIA NO HAY PREVENCIÓN VIAL SOSTENIBLE.
Es importante asociar los elevados índices de violencia vial en nuestras sociedades a la inexistencia de controles y de sanciones judiciales severas e ineludibles.
5) Lograr una coordinación interministerial concreta y productiva en el seguimiento de todas las acciones de seguridad vial establecidas en las diversas esferas (Transporte, Justicia, Salud, Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente y Habitat)
En nuestras sociedades la incomunicación y la falta de coordinación administrativa y política atentan contra la eficacia y credibilidad de los esfuerzos desplegados.
En ese marco, es necesario garantizar la participación de los diversos ministerios responsables, entre ellos los de Interior, Justicia, Salud, Obras Públicas, Educación, con objeto de afianzar la relación entre seguridad vial y desarrollo tecnológico.
6) Lograr que las instancias públicas participen de manera clara e inequívoca en la difusión de un lenguaje ajustado y expresivo del flagelo vial.
Fortalecer el lema: La seguridad vial no es accidental. Erradicar el vocablo “accidente”, muy usual en nuestras sociedades, reemplazándolo por “homicidios de tránsito o tráfico, colisiones, choques y atropellamientos”.
7) Instar a los organismos públicos a que promuevan una actualización de la agenda de Derechos Humanos, con objeto de incluir en ella a la seguridad vial.
Es imperioso sensibilizar a todos los segmentos sociales sobre el valor único e irremplazable de las vidas humanas que se pierden por violencia vial, un flagelo que se ha convertido en pandemia mundial.
La magnitud del problema requiere medidas firmes que garanticen el respeto del derecho a la seguridad vial en tanto que derecho humano fundamental.
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