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Opinión acerca del
proyecto de ley en revisión sobre ley nacional de protección, derechos y
garantías de las víctimas de delitos (CD-81/16).
Activvas, es una asoc
civil que lucha contra la violencia vial.
(en la foto, el Senador Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y el Senador Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto. Hablamos representantes de víctimas. A mi lado Diana Cohen Agrest de Usina de Justicia, participó también María de Luján Rey, mamá de Lucas, de Tragedia de Once. También hicieron uso de la palabra funcionarios del Ministerio de Justicia).
Mi intervención:
Es muy fácil advertir todo lo positivo que es este proyecto
en su afán integrador para los derechos de las víctimas de delitos. Es un
proyecto de ley procesal ciertamente de muy alto impacto, pero que resulta muy
difícil proyectar en su incidencia en las provincias, que deberían adecuar
sobre estas bases sus códigos procesales penales. Es un anhelo que llevará
mucho tiempo de implementación, empezando
por lo que significará por ejemplo, su implementación en la pcia de
Buenos Aires.
Desde nuestro punto de vista el nudo del proyecto, el quid, es
su impacto cuantitativo: o sea el nudo es el número: tenemos un indicador para
medir esto: el presidente del Consejo Federal de Oficinas de Atención a la
Víctima, Dr. Gonzalo Sansó nos comentó el año pasado que del total de víctimas
atendidas en esos centros solo el 5% representan a víctimas de hechos viales.
La sub representación es tan evidente que no requiere de más evidencias. Por
eso insistimos con que el nudo es el número.
Las víctimas mortales o sobrevivientes con lesiones graves o
muy graves son miles, todos los años, No voy a mencionar ninguna cifra exacta,
porque no están aún consolidadas, pero sí puedo decirles que si en la ciudad de
Bs As, los números de víctimas mortales rondan las 100 personas cada año, cuando
se trata de sobrevivientes con lesiones importantes, el número crece
verticalmente, y esto lo sabemos porque el total de víctimas
sobrevivientes: de graves a leves,
rondan las 10.000 personas cada año.
En materia vial el nudo es el número, está claro, y lo está
además porque víctimas son todas las que sufren lesiones traumáticas con
secuelas dilatadas en el tiempo: la construcción de la condición de la víctimas
en los casos viales – invisibilizadas muchas veces- es a menudo muy lenta, no
tiene evidencia inmediata.
Y ello remite a la inmediata cuestión de cómo contenerlas.
Por ejemplo, no hay protocolo uniforme para avisar a la flia de una víctima
vial, y esto es propio de la misma situación: quién lo hace y cómo: el bombero,
el policía, el hospital, un testigo… . La ley prevé hacerlo, eso es muy
positivo.
También lo son las modificaciones propuestas al artículo 79,
80 del Código Procesal Penal de la Nación, sobre Derechos de las Víctimas, y
las modificaciones al art 81 sobre condición de los testigos, sobre todo si
tenemos en cuenta que todas las flias de víctimas viales (no conozco ninguna
que no lo haya padecido) deben hacer sus propias investigación del hecho si
quieren que la causa avance. Desde salir a buscar testigos hasta conseguir pruebas
y o eventualmente pagar peritajes.
A las víctimas viales nos impactan los números: somos miles,
los procesos penales no duran menos de 5 años, los civiles más aún. La
situación de indefensión judicial es muy prolongada en el tiempo. Esperamos que
la ley sirva para corregir todo esto.
