SOBRE LA TRAGEDIA DE ONCE DECIMOS:

La Seguridad Vial es una cuestión de derechos humanos

Lo sufrimos en las rutas y carreteras, en las vías y estaciones de ferrocarril, en las calles y hasta en las veredas. En nuestro país, el enorme número de muertes violentas no las provoca el delito común, sino el flagelo de la inseguridad vial.

El sufrimiento que implica esta forma de violencia mortal no sólo acaba con la vida de las víctimas. La experiencia nos dice que la magnitud de este flagelo también multiplica su horror en el padecimiento de los sobrevivientes de manera indecible.

Familias destruidas, lesiones graves que dejan discapacidades severas, trámites interminables para lograr alguna reparación económica y sensación permanente de impunidad.

Porque las sanciones penales no llegan, porque no hay responsabilidades asumidas, en fin, porque ante tanto desprecio por la vida humana, los vulnerados deben hacer un supremo esfuerzo para no sentirse como parias, sujetos sin derechos, abandonados a su suerte. A pesar de todo, muchos nunca dejarán de hacer memoria, de buscar la verdad y de exigir justicia. Combatirán con su voluntad la pérdida de sentido de vivir en sociedad.

Acumulamos miles de muertes viales por año, y desde el regreso a la democracia son incontables, decenas de miles, y como sabemos, a la fecha, son muchas más que el genocidio que provocó el terrorismo de Estado.

Aun haciendo abstracción de las cifras, para nuestras autoridades y representantes políticos, la dimensión cualitativa de este flagelo debería significar una señal evidente de la vulneración de los derechos humanos de las víctimas y de sus deudos, pero también una advertencia de cuánto y cómo afecta el riesgo vial los derechos humanos de toda la población.

Derechos humanos vulnerados por la inequidad en el uso de la vía pública, ciudadanos pobres que no tienen cerca de sus viviendas ni calles, ni veredas, ni banquinas, ciudadanos-usuarios de trenes que no tienen ni puertas ni ventanas acondicionadas, ni mínima higiene, y ahora sabemos ni siquiera frenos como también sucede con las unidades de colectivos.

El Estado de derecho es nuestro garante, y jamás puede quedar asociado a la violencia vial, bajo ninguna de sus formas. La infraestructura y el transporte público exigen controles, sanciones y regulaciones porque cuando fallan, matan decenas de vidas inocentes y dejan otras más incapacitadas.

¿Qué lecciones dejará el reguero de muertos que arrojó el choque de una formación del Ferrocarril Sarmiento en la estación terminal de Once? La cínica respuesta de uno de los directores de la empresa concesionaria, “el servicio de TBA es aceptable”, indigna pero no sorprende.

Porque hace años que el viaje en esa línea de trenes es un suplicio cotidiano para todos los usuarios, y para todos aquellos que sin serlo tienen sensibilidad para escuchar los reclamos. ¿Quedarán, como tantas otras veces inermes las víctimas y sus deudos, abrumados por las marchas y contramarchas de los testimonios, las pruebas técnicas y las pericias, mientras se entumece la cadena de responsabilidades sin que aparezca nadie que dé la cara? No basta con señalar a terceros. La seguridad vial es materia del Estado porque es un bien común y una cuestión de derechos humanos.