Los impactos del calentamiento global dejaron de
estar en las predicciones de aquellos más fatalistas, para pasar a la primera
plana de los diarios en el mundo entero. Si bien todavía la percepción de su
riesgo es baja y algunos hasta se atreven a discutirlo, sabemos que todos
debemos aportar al cuidado de aquello que nos sostiene a todas y a todo: el
ambiente.
En el avance del desarrollo a toda costa, observamos
el aumento de los gases de efecto invernadero, en un marco de políticas
cortoplacistas que no internalizan los verdaderos costos de dichas decisiones.
Estos gases son los responsables que un evento natural como el efecto
invernadero, que provee la temperatura óptima para que podamos vivir en la
tierra, se haya vuelto un peligro para la continuidad de la vida tal cual la
conocemos hasta ahora. Esta situación tiene diferentes orígenes y causas, y una
de las menos vinculadas, es la movilidad. La mayoría entiende que las grandes industrias
afectan al medio ambiente, como también la tala indiscriminada de árboles,
arrasados por una decisión que esconde los reales costos de destruir nuestros
bosques, pero existe otra pata que sostiene el problema del calentamiento
global, y es el transporte.
Argentina emite el 0,9% de las emisiones
globales de GEI, y por consiguiente se ubica en el puesto 22 del ranking
mundial de las 192 naciones que son parte de la CMNUCC (PNUD, 2016). En el último inventario de Gases de Efecto
Invernadero que se realizó en Argentina, en el año 2014 por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se relevó que el 52.5 % de los
gases de efecto invernadero provenían del sector de la energía, el resto
correspondían a 39.2% agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la
tierra, principalmente provenientes de la deforestación; 4.5% procesos
industriales y otros usos de productos y 3.8% residuos. Dentro del total de
actividades, el transporte se lleva el 15% y dentro de este el 90% pertenece al
transporte terrestre por carretera.
Si analizamos casos particulares, dentro de
los pocos gobiernos locales que cuentan con inventario de GEI, Rosario
contabilizó los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante el año
calendario de 2014 para todo el territorio urbano, y el mayor porcentaje
quedo en el transporte motorizado particular alcanzando al 21,18%. (https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/medio-ambiente/inventario-de-gases-de-efecto-invernadero).
¿Para qué pueden servir estos datos?
El
análisis de los resultados es fundamental para identificar los puntos críticos
en las actividades de mayor emisión y reconocer una oportunidad en el nivel de
necesidad que tenemos de repensar nuestra movilidad para mitigar los efectos de
calentamiento global. Debido a la rápida urbanización, el aumento en el nivel
de motorización y de la edad del parque automotor, el nivel de emisiones de GEI
en Latinoamérica en las últimas décadas creció a un nivel mayor que los otros
sectores relacionados al consumo de energía. En las áreas urbanas, la mayor
parte de las emisiones de GEI del transporte automotor provienen del uso de
automóviles particulares, a su vez los principales responsables por la
congestión y polución del aire (Barbero Y Rodríguez Tornquist, 2012).
Sumando la ausencia de políticas sobre la Demanda de Transporte Público (TDM,
por su sigla en inglés), las cuales trabajan sobre la racionalización de la
demanda del transporte y no solo el aumento de la oferta, para romper el vínculo
entre la movilidad y el aumento de las emisiones. Dentro de las declaraciones
de ONU Medio Ambiente, queda compartida la creencia que la movilidad baja en
carbono puede reducir la contaminación al tiempo que crea empleos, hace que las
calles sean más seguras, fortaleciendo la infraestructura y estimulando las
economías locales.
Las partículas que producen los automóviles
y otros vehículos, incluidos el carbono negro y el dióxido de nitrógeno,
también contribuyen a una variedad de enfermedades. Las consecuencias comienzan
a hacerse sentir en algunos sectores más que en otros pues al igual que lo que
sucede en la seguridad vial, es el grado de
vulnerabilidad en el que viven las personas lo que marca el nivel de
riesgo al que quedan expuestas. El peligro es inminente tanto en relación al
calentamiento global, como en relación a la inseguridad vial, pero siempre habrá
un mayor impacto para los usuarios vulnerables. Por todo esto, en el mundo los
gobierno y las autoridades locales comienzan a entender la gravedad de la
situación y el objetivo comienza a ser el de asegurar la movilidad de las
personas y bienes, atendiendo de forma simultanea la disminución del impacto
negativo no deseado, como el aumento de los incidentes viales, articulando la
integración territorial y la equidad de la accesibilidad al espacio público y
multiplicando los beneficios de las medidas hacía un efecto sinérgico de todas
las áreas intervinientes.
Argentina no se encuentra fuera de este
movimiento, y como en todo desafío tiene una oportunidad. Por ejemplo: el aumento del conocimiento en la materia, a
través no solo de la divulgación y el acompañamiento de casos de trabajo
positivo, sino también del incentivo de estudios sectoriales, desarrollo de
políticas públicas que promuevan los beneficios de la convivencia intermodal, promoción
del uso del transporte público, la utilización de modos sostenibles como la
movilidad activa o las bicicletas, asegurar la seguridad pública y el real
acceso a estos modos de traslado, construir vías seguras, y unificar los
esfuerzos hacía modos más funcionales con el medio ambiente.
Ma. de los Milagros Audisio
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