Detrás de cada choque, atropello, embestida, vuelco, además de la impericia personal, de la negligencia individual y de la violencia al volante, también hay una línea que marca la diferencia de clases sociales. Los jóvenes son quienes más mueren o matan en las rutas o calles de nuestras ciudades, y lo sabemos por las estadísticas, que son al respecto universales.
Sin embargo cuando se analizan las cifras, pocas veces se subraya el origen social de las víctimas, y claro esto no se visibiliza porque el paradigma de la "accidentalidad vial" no lo mira, pero cuando pensamos la seguridad vial como un derecho humano, entonces sí comienza a tener interés e importancia la cuestión de la equidad vial como cuestión de salud pública y de igualdad social.
Con mucho gusto les presentamos un resumen de este excelente y reciente artículo de fondo del diario Le Monde. Compartimos las ideas que plantea aún cuando la realidad que analiza sea mucho mejor y menos desigual que la nuestra. La traducción a cargo de Hilda García.
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Le Monde. Enero 2018.
Matthieu Grossetête
“Si
para salvar vidas hay que ser impopular, entonces seré impopular”. Con esta
temeraria afirmación el primer ministro francés Édouard Philippe anunció
diversas medidas para luchar contra la mortalidad en las rutas, que aumenta sin
cesar en Francia desde 2014. La más controvertida es la disminución de la
velocidad máxima a 80 km en las rutas departamentales, donde se dan la mayoría
de las muertes. En realidad, los poderes públicos tienen la costumbre de
incriminar las conductas individuales: corresponde a cada uno la tarea de refrenar
sus impulsos al volante, no beber, usar el cinturón de seguridad, respetar la
velocidad máxima, etc. Nadie piensa que un acto tan personal como conducir un
vehículo puede conectarse con el tema de las desigualdades sociales, y que el
aumento del número de muertos pueda originarse en la precarización de las
clases populares.
Con
las vacaciones el tema de la seguridad vial se actualiza: el gobierno
multiplica entonces los consejos, tales como no conducir rápido, descansar,
usar el cinturón, etc. Pero al hacer foco en el comportamiento individual de
los conductores se olvidan las causas profundas de la mortalidad en las rutas.
Frente
a este fenómeno la actitud de los poderes públicos es apelar a la conciencia de
cada ciudadano para lograr la disminución del número de víctimas. Sin embargo
un siniestro vial obedece en la inmensa mayoría de los casos a regularidades
estadísticas y es consecuencia previsible (independientemente de su carácter
singular) de determinaciones colectivas. Es un hecho social que trasciende las
reacciones voluntarias de los individuos.
Desde
hace décadas los expertos de los sucesivos gobiernos en Francia focalizan el
fenómeno de la mortalidad en el hecho de que en su mayoría se trata de víctimas
jóvenes, a las que se atribuye el gusto por el riesgo y las altas velocidades.
Pero la edad no altera en lo más mínimo el hecho de las diferencias sociales.
El 38% de los muertos tenían menos de 30 años, pero esa cifra se elevaba al 50%
en las clases obreras.
¿Quiere
decir esto que los ejecutivos son más prudentes al volante? Obviamente no.
Los
representantes de las clases humildes mueren muchas veces en episodios en los
que no hay un tercero implicado. En otras palabras, es evidente que ellos no
son peligrosos, sino que están en peligro. Son más vulnerables. Los implicados
en homicidios en rutas provenientes del grupo de ejecutivos, profesionales o
intelectuales siempre comparecen en juicio en mayor número que los de clases
menos favorecidas. Esto se debe a que sus vehículos cuentan con sistemas de
protección muy desarrollados (airbags, sistemas de frenos, cabinas reforzadas)
que les permiten un alto porcentaje de sobrevida en relación a los demás.
Muchos jueces establecen una correlación entre la riqueza de los inculpados, la
potencia de sus vehículos y el sentimiento de omnipotencia que experimentan en
el espacio público en detrimento de los usuarios más vulnerables (autos
pequeños, ciclistas, peatones, etc). A pesar de esto, los implicados de clases
más favorecidas tienen el beneficio de una cierta clemencia: frente al mismo
costo humano y con circunstancias agravantes equivalentes, las personas
pertenecientes a una clase humilde reciben una pena media de 6 meses de prisión
efectiva, según indica la ley, es decir el doble de lo que en promedio reciben
los ejecutivos, profesionales, industriales e intelectuales.
La
mayor duración del tiempo de pena para los implicados de clases humildes se
debe también a que en su mayoría son solteros. En efecto, los jueces son
sensibles al hecho de que el acusado tenga una familia a cargo.
Más
allá de la desigualdad en el nivel de seguridad de los vehículos, la mortalidad
vial aparece como una inesperada consecuencia de la evolución de la
urbanización y de la estratificación. Las clases populares quedan cada vez más
relegadas con respecto a los lugares de trabajo, lo cual multiplica sus tiempos
de desplazamiento, y por ende los riesgos a los que se exponen por permanecer
más tiempo en el espacio público. Los usuarios más beneficiados son aquellos
que viajan menos a sus lugares de trabajo, en vehículos más seguros o
utilizando infraestructuras más desarrolladas, pagando un peaje por ejemplo.
Por
todo esto el “accidente” será el resultado de la exposición desigual a los
riesgos, que hace de los desfavorecidos un grupo especialmente vulnerable. La
falta de estímulos, la soledad, la precarización que sufren en varios niveles
de su vida hacen que los jóvenes de las clases humildes reduzcan su horizonte
temporal y acentúen el imperativo del goce inmediato, ya que el futuro no está
asegurado para ellos. Estas conductas aumentan el riesgo de vida en las rutas.
Muchos
funcionarios franceses detectan con este estado de cosas, pero la jerarquía
administrativa no escucha sus alertas. Ellos ven con claridad que quien se
encuentra en una posición socioeconómica de vulnerabilidad es más propenso a
convertirse en víctima. Y se quejan de que los poderes públicos no reconocen
este problema. La ignorancia abona el status quo. Nuestra visión es original
pero “políticamente incorrecta”, dicen. Según sus superiores, operar con el
presupuesto del las “clases sociales” es un abordaje pasado de moda.
La
visión del problema de la accidentología vial como un asunto de particulares es
mucho más cómoda, y no implica una crítica a los poderosos actores de este
tema: las grandes automotrices, los productores de alcohol, las aseguradoras o el
Estado.
Además,
contrariamente a la confrontación de las causas profundas, la estigmatización
de los conductores irresponsables puede convertirse fácilmente en objeto de
cálculo y de gobierno, ya que es muy propicia a la inmediatez de la
mediatización y de la evaluación pública, y se inserta en la visión liberal del
individualismo, en el que cada uno se hace cargo de lo que hace.
Un
conocimiento real de las desigualdades viales tendría un alcance estratégico y
permitiría orientar mejor las políticas públicas y evitar numerosos siniestros
viales.
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